Prohibición de destrucción de nidos

El conflicto de intereses entre la gente y las especies protegidas debe resolverse teniendo en cuenta ambas partes y con la normativa de trasfondo. Muy a menudo estas situaciones reflejan un desconocimiento generalizado de las características de estas especies, de su valor dentro del ecosistema y de los efectos devastadores de la suma de muchas acciones humanas sobre estos animales, y también un desconocimiento de la normativa  que los protege y que es de obligado cumplimiento. De esta normativa se deriva que no debe llevarse a cabo ninguna actuación que les pueda causar un perjuicio, directo o indirecto, dentro o fuera de su período reproductivo.

La normativa más importante para la fauna en nuestra legislación es el Decreto legislativo 2/2008, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de protección de los animales y la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, que protegen a todas estas especies, tanto a los adultos como a las crías y los huevos. El anexo del Decreto legislativo 2/2008 contiene una lista de las especies protegidas de la fauna autóctona catalana. Debe tenerse en cuenta que las especies protegidas lo están tanto si se encuentran en la vía pública como si se encuentran en una propiedad privada.

El Decreto legislativo 2/2008 dice en su artículo 33.1: "Respecto a las especies de fauna salvaje autóctona protegidas, se prohíbe la caza, la captura, la tenencia, el tráfico o el comercio, la importación y la exhibición pública, tanto de los ejemplares adultos como de sus huevos y crías, así como partes o restos, salvo los supuestos especificados por reglamento. Esta prohibición afecta tanto a las especies vivas como a las disecadas, y tanto a la especie como a los taxones inferiores".

La Ley 42/2007 también protege los nidos, tal como indica textualmente en su artículo 52.3: "Queda prohibido dar muerte, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual fuere el método empleado o la fase de su ciclo biológico. Esta prohibición incluye su retención y captura en vivo, la destrucción, daño, recolección y retención de sus nidos, de sus crías o de sus huevos, estos últimos aun estando vacíos, así como la posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos, incluyendo el comercio exterior.”

De acuerdo con el artículo 334 del Código Penal, el que cace o pesque especies amenazadas, realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de fauna silvestre, comercie o trafique con ellas o con sus restos, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a 24 meses y, en todo caso, inhabilitación especial para ejercer el derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años. (artículo 334.1). Esta pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción (artículo 334.2).

La normativa mencionada forma parte de la legislación que establece el margen de maniobra ante la presencia de animales protegidos, e implica varios límites a las acciones que se podrían llevar a cabo sobre estos animales.

Por consiguiente, está prohibido:

• Retirar sus nidos dentro o fuera del período reproductivo (aunque no hayan realizado la puesta).
• Inhabilitar cavidades cuando se estén utilizando para la cría o el refugio.
• Retirar huevos, crías o adultos.
• Poner impedimentos al acceso a los lugares de nidificación o refugio que estén utilizando.